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El golpe preparó el camino para uno de los gobiernos militares más ambiciosos de América Latina. La Junta Militar, presidida por Velasco (1968-1975), declaró de inmediato su intención de efectuar cambios de largo alcance en las bases de la sociedad y la economía. Este nuevo orden, “ni capitalista ni comunista”, intentaba crear un sistema que aboliera las desigualdades y creara las condiciones necesarias para la armonía, la justicia y la dignidad. Toda una incoherencia, pues se intentaba realizar aquello desde el autoritarismo y, muchas veces, fomentando el odio entre el pueblo y los “privilegiados”.

Una de las claves del proyecto fue la reforma agraria en 1969. Todos los grandes latifundios, sin tener en cuenta su productividad, fueron expropiados. La medida se sintió primero en las plantaciones de la costa norte y central, muy mecanizadas, que se colocaron bajo la administración de cooperativas de trabajadores. En la sierra la idea era crear granjas pequeñas o medianas, pero pronto el gobierno cedió a las demandas campesinas por organizar allí también cooperativas. Hacia 1975, las ¾ partes de la tierra productiva del país se encontraba gestionada por estas asociaciones.

En 1971 se creó el Sistema de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) para vincular al régimen con las organizaciones campesinas y obreras. En realidad fue un método para manipular a las masas en beneficio de la dictadura. Una de sus tareas fue afrontar el problema de las barriadas que se extendían alrededor de Lima y otras ciudades. Sólo en la capital vivían 750 mil migrantes. La situación era explosiva y se decidió crear los pueblos jóvenes. Parte de la “solución” fue repartir títulos de propiedad a los recién llegados.

Este modelo de organización y movilización desde arriba pretendía establecer las bases de la industrialización y el desarrollo económico reduciendo el conflicto social. Una suerte de estado corporativo. Este principio se vio en el sector fabril al crearse la “comunidad industrial”. La idea era convertir progresivamente a los trabajadores en copropietarios con los empresarios. En 1974 había 3.500 comunidades industriales con 200 mil obreros que controlaban el 13% de las acciones de sus empresas.   

De otro lado se emprendió una serie de medidas para reducir el papel del capital extranjero que controlaba, en 1968, el 44% de la producción industrial. Esto era inaceptable para los militares. La primera medida fue la nacionalización de la IPC creándose Petroperú. Otras compañías, en su mayoría de capital norteamericano, también fueron expropiadas siendo reemplazadas por empresas estatales. En 1974 el régimen aceptó, ante la presión de Washington, pagar 150 millones de dólares a las empresas afectadas. Ahora Estados Unidos dejaría de oponerse a la concesión de créditos al Perú.

A pesar de su populismo, la dictadura velasquista encontró resistencia interna. Los gremios de trabajadores sintieron que las reformas no satisfacían sus demandas y empezaron a presionar. Los grupos despojados, a su vez, no ocultaron su horror ante las medidas. La respuesta de los militares fue controlar los medios de comunicación. Poco a poco se confiscaron los periódicos, la radio y la televisión. Sin libertad de prensa los adversarios del régimen fueron intimidados, encarcelados o exiliados.

La situación económica terminó derrumbando a Velasco. Cayeron las exportaciones (cobre, azúcar y harina de pescado) y no se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo. Aumentaron el déficit presupuestal y la deuda externa. Al asomarse la inflación el descontento popular se manifestó: en 1975 hubo 779 huelgas, incluyendo el famoso saqueo en el centro de Lima el 5 de febrero favorecido por una huelga policial.

Un golpe al interior de las Fuerzas Armadas puso en la presidencia al general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Su gobierno buscó corregir el experimento velasquista. SINAMOS casi desapareció y se negoció con el Fondo Monetario Internacional un programa de ajuste económico. Se promulgó el Plan Túpac Amaru que anunciaba el retorno a la democracia, el fomento a la inversión externa y la trasferencia de la prensa a sus legítimos dueños. Todo debía hacerse progresivamente. En 1978 se convocó a elecciones para instalar una Asamblea Constituyente. Presididos por Haya de la Torre, los constituyentes promulgaron en 1979 una nueva Constitución que debía entrar en vigencia a partir de 1980. Una de sus novedades fue otorgar el voto a los analfabetos.

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