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  Luis XVI y su familia fueron rescatados por La Fayette, quien les escoltó hasta París a petición del pueblo. Tras este suceso, algunos miembros conservadores de la Asamblea Constituyente, que acompañaron al rey a París, presentaron su dimisión. En la capital, la presión de los ciudadanos ejercía una influencia cada vez mayor en la corte y la Asamblea. El radicalismo se apoderó de la cámara, pero el objetivo original, la implantación de una monarquía constitucional como régimen político, aún se mantenía.
    Pero los principales problemas a que hubo de enfrentarse la Asamblea fueron el religioso y el financiero. Para evitar la temida bancarrota, se decidió nacionalizar los bienes del clero, que fueron posteriormente puestos a la venta para amortizar así la deuda pública. Los títulos emitidos como reembolso de las deudas pendientes del Estado se conocieron con el nombre de asignados. Es decir, el Estado emitió títulos de la deuda (asignados) garantizados por los bienes de la Iglesia, con los cuales podían ser reembolsados.
 Pero la emisión de asignados fue tan grande que acabaron funcionando como papel moneda, depreciándose rápidamente y originando una fuerte inflación. Aunque con la venta de los bienes de la Iglesia habían surgido nuevos propietarios dispuestos a no perder lo garantizado por la Revolución, la inflación galopante introdujo un factor de inestabilidad social que acabaría pasando factura.
Al perder sus bienes y suprimirse los diezmos, la Iglesia francesa pasó a depender económicamente del Estado. Por esta razón la Asamblea Constituyente hubo de emprender una reforma y racionalización de la organización eclesiástica que se concretó en la Constitución civil del clero (12 de julio de 1790). Mediante esta norma jurídica, la Iglesia francesa pasaba a tener un carácter más nacional, alejándose de la dependencia del Papa. Se reducía el número de obispos, se cambiaba el sistema de nombramientos y se exigía prestar juramento constitucional a todos los miembros del estamento eclesiástico. Esta medida originó la división del clero francés en juramentado o refractario, según jurase o no, aportando un elemento más de discordia al asentamiento de la Revolución.
 El primer borrador de la Constitución recibió la aprobación del monarca francés en unas fastuosas ceremonias, a las que acudieron delegados de todos los lugares del país, el 14 de julio de 1790.
La Fayette en los actos de la Fiesta de la Federación, 14 de julio de 1790
 Este documento suprimía la división provincial de Francia y establecía un sistema administrativo cuyas unidades eran los departamentos, que dispondrían de organismos locales elegibles. Se ilegalizaron los títulos hereditarios, se crearon los juicios con jurado en las causas penales y se propuso una modificación fundamental de la legislación francesa. Con respecto a la institución que establecía requisitos de propiedad para acceder al voto(sufragio censitario), la Constitución disponía que el electorado quedara limitado a la clases alta y media. El nuevo estatuto confería el poder legislativo a la Asamblea Nacional, compuesta por 745 miembros elegidos por un sistema de votación indirecto. Aunque el rey seguía ejerciendo el poder ejecutivo, se le impusieron estrictas limitaciones.  Su poder de veto tenía un carácter meramente suspensivo, y era la Asamblea quien tenía el control efectivo de la dirección de la política exterior. El poder judicial sería desempeñado por jueces elegidos por el pueblo. Quedaba abolido el absolutismo, estableciéndose un régimen de monarquía constitucional, claramente favorable a los intereses de la nueva clase emergente: la burguesía adinerada.
Durante los quince meses que transcurrieron entre la aprobación del primer borrador constitucional por parte de Luis XVI y la redacción del documento definitivo, las relaciones entre las fuerzas de la Francia revolucionaria experimentaron profundas transformaciones. Éstas fueron motivadas, en primer lugar, por el resentimiento y el descontento del grupo de ciudadanos que había quedado excluido del electorado. Las clases sociales que carecían de propiedades deseaban acceder al voto y liberarse de la miseria económica y social, y no tardaron en adoptar posiciones radicales. Este proceso, que se extendió rápidamente por toda Francia gracias a los clubes de los jacobinos, y de los cordeliers, adquirió gran impulso cuando se supo que María Antonieta estaba en constante comunicación con su hermano Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Al igual que la mayoría de los monarcas europeos, Leopoldo había dado refugio a gran número de émigrés y no había ocultado su oposición a los acontecimientos revolucionarios que se habían producido en Francia. El recelo popular con respecto a las actividades de la reina y la complicidad de Luis XVI quedó confirmado cuando la familia real fue detenida mientras intentaba huir de Francia en un carruaje con destino a Varennes el 21 de junio.

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