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LOS AÑOS NOVENTA: EL COLAPSO DE LA DEMOCRACIA       

En 1990 un nuevo salvador estaba dispuesto a rescatar al país. El famoso escritor Mario Vargas Llosa prometía reformas económicas neoliberales para reducir el Estado y promover la empresa privada. Pero su discurso fue desvirtuado por el Apra y la izquierda quienes, careciendo de cualquier posibilidad de triunfo, apoyaron la candidatura de un desconocido ingeniero agrónomo descendiente de inmigrantes japoneses, Alberto Fujimori.

Ya en el poder, Fujimori sorprendió a todos al imponer un plan radical de reestructuración de la economía: reducción de aranceles, fomento a la inversión externa y liberalización del mercado laboral. Anunció también la venta de empresas públicas para reducir el aparato estatal y generar nuevos ingresos. Se pudo controlar la hiperinflación y el país reasumió sus compromisos con la deuda externa. Pero este primer éxito económico pronto se ensombreció con el retroceso político. En abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso y anunció una reforma en el poder judicial. Se trataba de un autogolpe respaldado por un oscuro plan militar. La frágil democracia se derrumbaba bajo el pretexto del terrorismo, la injusticia social, la corrupción y el descrédito de los partidos políticos. Para el desconcierto de la opinión internacional, el golpe gozó de amplio apoyo popular.

Sendero vio que el golpe y el autoritarismo del régimen aceleraría su revolución. Sucedió todo lo contrario: Abimael Guzmán, fundador y líder del movimiento, fue capturado y exhibido teatralmente. Misteriosamente, Guzmán cooperó luego con el gobierno exhortando a sus seguidores que se rindieran. Hubo más arrestos de subversivos y el senderismo empezó a desintegrarse. Al dejarse el caso en manos del Ejército se empezó a producir todo un récord en violaciones en derechos humanos. No importaba: el gobierno exhibía el éxito de haber “derrotado” al terrorismo.   

Presionado por los organismo internacionales, Fujimori tuvo que convocar a un Congreso Constituyente y dar una fachada más “democrática”. La constitución de 1993 se diseñó a su medida y se convocaron elecciones. Controlados el terrorismo, la inflación y el aparato estatal, Fujimori pudo ganar cómodamente con un 64% su primera reelección en 1995 ante el embajador Pérez de Cuéllar.

De esta manera el régimen profundizó su autoritarismo y la corrupción a su interior. En esta etapa (1995-2000) las crisis financieras mundiales y la falta de respuesta del equipo económico hicieron que el país entrara en una recesión profunda desde 1997. El desempleo y el colapso de muchas empresas solo fueron matizados por el éxito en la venta de algunas empresas públicas. Un hecho positivo fue el arreglo fronterizo con Ecuador y Chile. Sin embargo el régimen demostraba cada vez más su voluntad de perpetuarse en el poder al aniquilar el estado de derecho (control del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Sistema Electoral y la mayor parte de la prensa). En este contexto cualquier fiscalización no prosperaba. La cúpula militar, por su lado, era fiel cómplice del autoritarismo y la corrupción.

El objetivo era la ilegal segunda reelección de Fujimori. Se fraguó un proceso electoral donde el candidato-presidente contó con todos los recursos del Estado para no dejar el sillón presidencial. Nadie, ni dentro ni fuera del país, pudo ocultar el atropello cometido. El 28 de julio de 2000 Fujimori inauguraba un nuevo mandato que estaba condenado al fracaso.  A la falta de credibilidad se sumó, en menos de 40 días de la juramentación, el escándalo de corrupción al difundirse un vídeo donde el principal asesor presidencial “compraba” a un congresista electo para asegurarle mayoría parlamentaria al régimen. Luego vendría un cúmulo de destapes sobre la corrupción organizada por el nefasto personaje desde el Servicio de Inteligencia Nacional en la que Fujimori resultaba seriamente comprometido, al menos políticamente. No pudo más y, aprovechando una invitación para asistir a una cita internacional de mandatarios, huyó al Japón para enviar su renuncia por fax.

Su lamentable deserción obligó al Parlamento declararlo moralmente incapaz y suspenderlo de cualquier responsabilidad pública por 10 años. El vacío político fue cubierto con la elección del Presidente del Congeso, Valentín Paniagua, como jefe de estado. En noviembre de 2000 Paniagua asumió un gobierno de transición cuyos objetivos fundamentales fueron convocar elecciones libres y corregir los vicios dejados por el fujimorismo. Tras dos rondas electorales, el economista Alejandro Toledo resultó elegido para el periodo 2001-2006. 

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