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La hora final de la República Aristocrática no tardó en llegar. Augusto B. Leguía encabezó un golpe de estado argumentando que Pardo y el civilismo trataban de desconocer su victoria en las elecciones de 1919. Era Leguía un hombre esencialmente práctico, no un doctrinario, con mentalidad empresarial para hacer política, con tendencia al autoritarismo y que supo aprovechar el desgaste de los viejos partidos políticos. Su preocupación central era irrigar la costa, construir caminos y urbanizar, en ese orden. Ya en el poder ese proyecto se llamaría la Patria Nueva.

Leguía se presentó ante el país como el gran enviado capaz de resolver todos sus problemas. Orientó su acción hacia la clase media y, ante la crisis del marco institucional, aprovechó el momento para justificar su poder por medio del éxito material (construcción de grandes obras públicas). Este ímpetu desarrollista, alentado por una población en crecimiento con otras necesidades y apetencias, dio origen a nuevas dependencias estatales. Empezó a esbozarse la idea del estado benefactor y ello se tradujo en el crecimiento de la administración pública. Así se inauguraba, para bien o para mal, el rostro del Perú contemporáneo.

A lo largo de estos once años Leguía se perpetuó en el sillón presidencial por medio de la reelección. Sin embargo, pueden distinguirse dos etapas en su autoritarismo: antes y después de 1923. Al inicio, Leguía mantuvo una posición de fuerza y persecución frente al civilismo y adoptó un paquete de medidas que pretendían modernizar el estado y convertirlo en una institución más democrática. Tarea imposible ya que al interior el país, por ejemplo, se mantuvo casi intacto el poder de los terratenientes. Luego, mediante un control más costoso de los mecanismos de poder y recurriendo al personalismo, desarrolla la otra fase de se gobierno para profundizar su proyecto: endeuda peligrosamente al país para financiar sus obras públicas.

Ellas fueron la esencia de la Patria Nueva. El capital norteamericano y la iniciativa privada le delinearon un perfil nuevo al país. Ningún gobierno hasta entonces había emprendido una política tan vasta de obras públicas. La industria del cemento tuvo un rápido crecimiento: en 1925 produjo casi 12 mil toneladas y 50 mil en 1927.

Lima gozó de una de sus mayores transformaciones. Al margen de las donaciones por las celebraciones del Centenario de la Independencia (Museo Italiano o monumento a Manco Cápac), se inauguró la Plaza San Martín, se abrieron avenidas como Leguía (hoy Arequipa), Progreso (hoy Venezuela), La Unión (hoy Argentina), Nicolás de Piérola y Brasil; se construyeron el Ministerio de Fomento, el Palacio Arzobispal y se rediseñó el Palacio de Gobierno; se iniciaron los edificios del Congreso y del Palacio de Justicia. Se fundaron barrios como el de Santa Beatriz, San Isidro y San Miguel. Se construyó la Atarjea para brindar de agua potable a Lima y en otras ciudades se instalaron sistemas de alcantarillado: un total de 992 mil metros de tuberías de agua y desagüe.

Se construyeron 18 mil kilómetros de carreteras gracias a la injusta Ley de Conscripción Vial que estipuló la obligatoriedad de 10 días de trabajo estas obras. Esta fiebre por la construcción de carreteras hizo que el trazo de muchas de ellas no tuvieran ningún sentido. Fue el caso de un camino que se inició en Huancayo sin que se supiera dónde debía llegar. También se inició el Terminal Marítimo del Callao, se abrió la Escuela de Aviación de Las Palmas, se compraron los primeros submarinos y se profesionalizó a la policía. Finalmente, se inició el proyecto de irrigación de Olmos y otros se dejaron listos en Cañete y Piura.

El declive del autoritarismo apareció en 1928 con la caída de las exportaciones (cobre, lanas, algodón y azúcar) y, con la crisis económica mundial de 1929, descendió aún más el favor de la opinión pública. Por su lado, el malestar del ejército aumentó debido a los polémicos arreglos fronterizos con Colombia (entrega del Trapecio Amazónico) y Chile (pérdida de Arica). La corrupción al interior del régimen abonaba el descontento. Ante las elecciones de 1929 Leguía se presentaba sin oposición organizada. Finalmente, el repudio al “tirano” va a ser interpretado en la revolución desatada en Arequipa (1930) por el comandante Luis M. Sánchez Cerro.

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